Los sistemas de riego que existen en el mundo no superan a los que se trabajan a diario en las tierras chilenas. En su larga extensión y variable clima el riego en Chile tiene distintas y exigentes fórmulas que aportan resultados positivos dependiendo del lugar y el tipo de fruto que se le aplique.

Uno de los sistemas de riego es el por goteo; tecnología creada con la capacidad de aumentar la eficiencia del riego entre 10% y 30% y permite un ahorro efectivo en el uso de energía y de mano de obra en el campo. Pese a ello y a que diversos expertos dicen que posee un buen potencial de uso en determinadas circunstancia, en nuestro país lleva poco tiempo obteniendo muy buenos frutos.

Quien fiscaliza el riego en Chile?

La Ley 18.450 es un instrumento de fomento que busca incrementar la superficie regada del país, provocar un mejoramiento del abastecimiento de agua en aquellas áreas regadas en forma deficitaria, incentivar un uso más eficiente de la aplicación del agua e incorporar nuevos suelos a la explotación agropecuaria; esto último, por la vía de eliminar el mal drenaje o eliminar o facilitar la puesta en riego predial.

La Ley otorga subsidios a proyectos de riego cuyo costo no supere las UF 12.000, en el caso de proyectos individuales; ni sobrepase las UF 24.000, en el caso de ser proyectos presentados por organizaciones de regantes. El monto máximo de bonificación al cual puede optar un proyecto determinado es del 75% de su costo total. El programa es administrado por la Comisión Nacional de Riego (CNR), en cuyas oficinas y sitio web están todos los antecedentes necesarios para postular. Mientras que las Direcciones de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, establecidas en todas las capitales regionales, cumplen el papel de secretaría ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego.

Por su parte, la CNR delega en el SAG algunas funciones establecidas en la Ley 18.450 y su Reglamento; que a continuación se describen:

Funciones del SAG en la aplicación y cumplimiento en la Ley de Fomento del Riego:

• Verificar, a petición de la DOH, la acreditación de las inversiones comprometidas en los proyectos construidos.
• Registrar las transferencias de los predios en aquellos casos en que se hubiere instalado elementos y equipos de riego mecánico adquiridos con la bonificación y susceptibles de ser trasladados.
• Autorizar el traslado temporal de los bienes adquiridos con la bonificación fuera del predio o del sistema de regadío.
• Efectuar controles periódicos a los predios o sistemas de regadío en que deban encontrarse las obras, equipos y elementos de riego mecánico y, en caso de infracción, formular las denuncias ante el tribunal competente. Deberá interponer las acciones criminales correspondientes a requerimiento de la Comisión Nacional de Riego (CNR).
• Informar a la CNR cuando los proyectos de riego o drenaje sean susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus formas. Además, deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de las leyes y decretos relativos a la conservación de especies nativas y otros recursos naturales.
• Proporcionar a la CNR toda la información para el debido cumplimiento de la Ley y su reglamento.
• Inventariar los equipos y elementos de riego mecánico que sean adquiridos e instalados por los proyectos, durante 10 años.

Evolución y desarrollo del Riego en Chile

Hasta 1930, el principal desarrollo de las obras de riego fue producto del esfuerzo del sector privado. A partir de 1914 el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), comenzó a participar en este sector llegando a los años 60 como el principal agente inversionista en riego. Como resultado de las políticas de ajuste anti-inflacionista y de menor intervención del Estado, el Gobierno redujo sustancialmente a partir de 1975 el presupuesto destinado al desarrollo del riego. Como consecuencia de esta medida, no se construyó ninguna obra grande o mediana de riego en el período 1975-1992 y la superficie bajo riego se mantuvo prácticamente estancada. En esta época se dio término a obras ya iniciadas y se procedió a la reparación de sistemas de riego ya existentes. No obstante, la reducción de la participación del Estado en este período condujo a un notable deterioro de las obras extraparcelarias.

A partir de octubre de 1985, con la promulgación de la Ley 18 450 de Fomento de la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, se inició una nueva política en el riego y el drenaje. Dicha ley concedía un subsidio sobre el costo de las obras y equipos de riego y drenaje que contribuyeran a incorporar nuevas superficies de riego, rehabilitar y mejorar sistemas con riego deficitario o habilitar suelos agrícolas mal drenados. En 1990 dicha ley fue modificada fruto de una nueva política nacional de fomento del riego, dirigiéndose los principales cambios a subsidiar (hasta el 75 por ciento) obras de riego en el país en favor del riego campesino con recursos complementarios, gracias al convenio entre la Comisión Nacional de Riego (CNR), el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).

En el período 1986-1996 se habían beneficiado de las ayudas de la ley 18 450 unas 400 000 ha, 22 396 ha de nueva puesta en riego. Sin embargo se estima que la superficie real beneficiada era de 161 877 ha en rehabilitación y mejoras y 19 696 ha en nuevo riego. Esta diferencia es debida a la duplicidad de superficies beneficiadas (i.e. instalaciones en parcela y de captación, transporte, etc.), obras que no tuvieron impactos sobre la producción o superficies que nunca se regaron por diferentes motivos (obras destruidas por inundaciones, pozos sin agua, obras con fallos técnicos o de ejecución, altos costos de operación, abandono de predios, etc.). En la superficie de nuevo riego, la construcción de pozos supuso casi el 40 por ciento de la superficie beneficiada, siguiéndole el riego localizado (21 por ciento) y las obras de conducción (17 por ciento). En el caso de la rehabilitación y mejora, las principales obras desarrolladas fueron la captación en el 53 por ciento de la superficie, la canalización en el 20 por ciento y la distribución en el 14 por ciento.

En el período 1990-1999, con la finalidad de mejorar la seguridad en el recurso y aumentar la eficiencia en el uso del agua, el Estado programó tres grandes líneas de acción en su Política de Regadíos. Estas líneas de acción varían según la cuantía de la inversión del proyecto respectivo y se concentran en las Grandes Obras de Riego, Programa de Obras Medianas de Riego (PROMM), estas dos primeras fundamentalmente dirigidas a las obras de almacenamiento, captación y transporte, y el Programa de Obras Menores de Riego para las instalaciones de distribución y prediales. En lo relativo al sector privado, su acción se limitaba a la Ley de Fomento ya mencionada y al análisis de opciones de participación del sector privado en grandes obras de riego. En este período, la práctica totalidad de las obras ejecutadas han ido dirigidas a incrementar la seguridad de riego en zonas con restricciones hídricas más que al incremento de la superficie bajo riego. Según ésto, se considera que en el período 1990-1999, gracias al Programa de Grandes Obras, se habría mejorado el riego en 12 000 ha con el embalse de Santa Juana e incrementada la superficie en riego en 11 200 ha con la construcción del canal Pencahue. De la misma forma, mediante el (PROMM) se mejoró la seguridad del riego de unas 85 000 ha.

Según la Comisión Nacional de Riego (CNR), considerando los factores clima, suelo y agua, así como consideraciones técnicas, económicas y ambientales, la superficie potencial de riego en Chile se estima en unos 2.5 millones de ha.

De acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007), la superficie equipada para el riego en la temporada agrícola 2006–2007 fue de 1 108 559 ha. Prácticamente el 95 por ciento de la superficie se concentra entre las regiones IV de Coquimbo y IX de la Araucanía .

Fuentes: SAG / FAO