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La crisis hídrica que enfrenta Chile en estos últimos meses está tomando un tono oscuro donde la visualización es casi nula. La problemática del agua; un conflicto donde -para expertos y ambientalistas-, se cruzan la “sequía y el saqueo” de este vital recurso; donde la gravedad del problema sería resultado no solo de la escasez de lluvias a raíz del cambio climático, sino también de la legislación que ha privatizado el agua de Chile.

Las condiciones de sequía se arrastran desde hace varios años en distintas y extensas regiones de Chile. Sin embargo, este año ha sido especialmente duro. De acuerdo a información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile en su último Monitoreo de la Sequía, “el acentuado déficit de precipitaciones, que se ha observado durante todo el año, hace muy difícil un cambio en la condición seca dominante que ha sufrido el país”.

La escasez en las ciudades de La Serena, Valparaíso y Balmaceda superó el 100%, resaltando que en estos sectores la precipitación acumulada fue 0 mm. En el caso de la ciudad de Santiago, las precipitaciones no superarán los 83 mm.  este 2019; lo que representa un déficit del 76 % según la misma Dirección Meteorológica.

Mientras que en Valparaíso, han caído 83 mm, y lo normal a la fecha debiera ser de 412 mm. Un catastrófico panorama al que lamentablemente debemos sumar en todo el país la aprobación del Código de Aguas -durante la dictadura de Augusto Pinochet-, norma que mantiene privatizadas las fuentes del vital elemento para la subsistencia de todo ser vivo.

“Nuestra legislación no establece la prioridad de uso del agua, se puede sobreponer el uso minero por el consumo humano o el de un ecosistema. No se asegura el derecho humano al agua, como si lo asegura la normativa internacional” (Modatima).

Tal es el caso de AES Gener; multinacional que adquirió las aguas de varios esteros y ríos cristalinos del sector del Cajón del Maipo, en la zona cordillerana de la región Metropolitana, que constituyen las reservas naturales de agua limpia para Santiago, al amparo del Código de Aguas. Esta empresa es la responsable del proyecto Alto Maipo, el que se integraría a una red de centrales hidroeléctricas que aprovecha los afluentes naturales. Una empresa que por beneficios personales está dispuesta a dañar irremediablemente el sector del cajón del Maipo, cuenca donde se encuentran las reservas de agua potable que abastecen al 80 % de la capital de Chile.

“Creemos que el Proyecto Alto Maipo destruiría toda la cuenca del río Maipo, principal proveedor de agua potable de Santiago, al comprometer seriamente todos los afluentes, esteros y cauces. Estamos convencidos, además, que el este proyecto pone en peligro una serie de actividades productivas que se relacionan con las aguas del río. Hablamos de la extracción de áridos, del comercio, del turismo, la agricultura y la pequeña ganadería”.

“Cambió algo tan simple como lavar ropa. Las mujeres, que hace unos 10 años podían lavar en lavadoras eléctricas, hoy vuelven a lavar a mano porque ya no sale agua por las llaves, en el fondo sale aire nomás. A la gente le ha cambiado la vida” (Modatima)

La sobreexplotación del agua en la Provincia de Petorca, junto con la falta de fiscalización y voluntad política que genere un cambio, condenan a esta zona. Fue así como esta provincia pasó a sufrir de escasez hídrica, la que se está trasformando en un alerta en todo el país, y donde la localidad de Cabildo podría convertirse en la primera comuna del territorio nacional en alcanzar la sequía total.

Para Rodrigo Mundaca, líder del Movimiento de Defensa del Agua la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), “el Estado de Chile ha abandonado su rol de gestor y ha realizado un sobre otorgamiento de manera gratuita, de los derechos de agua sin conocer el estado de disponibilidad de las cuencas, por tanto, hay en lugares de Chile donde hay más derechos de agua otorgados, que agua disponible, derechos que además se transan en el mercado”.

Para cambiar esta situación, una reforma al Código de Aguas no es suficiente. “La única forma de solucionar este problema es hacer una reforma a la Constitución Política, derogando el artículo 19 numeral 24, que consagra la propiedad privada”, sentencia Mundaca. 

Fuente: SputnikNews

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